"Chile debe aprovechar su litoral marino y olvidarse de los salmones. Si quieren comerlos, impórtenlos". Ésa fue la lapidaria frase que lanzó el magnate ecologista Douglas Tompkins en una entrevista con Enfoques de El Mercurio en 2000. Cinco años después, parece estar dispuesto a transformar esa crítica a la salmonicultura en una amenaza real. Esta semana dio a conocer que financiaba una serie de estudios para determinar la contaminación que ha generado esta actividad en la X Región.La campaña de Tompkins se suma a la que iniciaron hace un par de años la fundación Terram que disparó fuerte contra un rubro que da empleo a 45.000 personas y representa el 6% del PIB nacional. Esta industria ha crecido explosivamente, tanto que en apenas una década Chile se ubica como el segundo productor mundial y genera retornos que la ubican en el tercer lugar dentro de la canasta exportadora nacional, proyectándose que lleguen a US$ 1.500 millones este año.La polémica tomó tal vuelo, que el jueves el Gobierno, a través de su vocero Osvaldo Puccio, tuvo que salir a respaldar al sector, calificándolo de "sustentable" y SalmónChile, el gremio que lo representa, calificó a Tompkins de "fanático".Pero no sólo el ex empresario norteamericano es un peligro latente. Océana, una de las organizaciones ecologistas internacionales más relevantes en temas marítimos -y que en Chile encabeza Marcel Claude-, también está tomando como uno de sus blancos a los salmoneros.En su página web tiene una cartilla denominada "Costos de la salmonicultura", donde detalla los supuestos efectos de esta actividad en la contaminación marina y critica sus prácticas laborales. "Sus cuantiosas ganancias se explican fundamentalmente por la sistemática violación de los derechos humanos de los trabajadores de esta industria, consumidores, pueblos originarios y el medio ambiente del sur del país", dice el documento.Esta área productiva es sólo una de las que están en la mira de los movimientos ambientales. Hay proyectos empresariales en todo el país que de no ser bien manejados por los privados podría desatar conflictos como el que vivió la planta de celulosa de Celco en Valdivia.El Observatorio de Conflictos Ambientales (OLCA) -que opera en toda América Latina- tiene vigilancia permanente sobre las áreas en riesgo ecológico y asesora a las comunidades. Su director, Lucio Cuenca, detalla que los "proyectos sensibles" se concentran en los sectores energético, eléctrico, minero y forestal.Detrás de estas iniciativas, que están siendo monitoreadas por los verdes, hay grandes empresas que no quieren repetir la traumática experiencia del grupo Angelini. "Los privados hemos sacado varias lecciones, una de ellas es que hay que relacionarse adecuadamente con las comunidades donde se emplazan los proyectos", sostiene José Ignacio Letamendi, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma).Carlos Martínez, investigador y académico de temas ambientales, agrega que el empresariado debería poner el acento en tres aspectos claves: aportar en educación ambiental, mejorar la comunicación con la sociedad civil y preocuparse de formar a los jueces para que sepan enfrentar casos de este ámbito.Poder en aumentoLa crisis de Celco marcó un antes y un después en el movimiento ecologista chileno y dejó en claro que sus organizaciones tienen peso político, llegada a los medios de comunicación y son capaces de poner en jaque inversiones millonarias."No se puede minimizar su poder. Muchos de estos grupos tienen alianzas internacionales que pueden, en algún momento, hacer presión y poner trabas a la comercialización de nuestras exportaciones", advierte Martínez.Por ejemplo, en la segunda quincena de octubre viene una delegación del Parlamento Europeo para analizar el tratado de libre comercio Chile-Unión Europea. En su agenda incorporó una reunión con el Instituto de Ecología Política (IEP) para analizar el "caso Celco"."En noviembre, además, visitarán el país grupos ambientalistas de Estados Unidos y Europa para ver éste y otros temas. Nuestro objetivo es presionar para que en los acuerdos comerciales se incorporen normas ambientales", anuncia Manuel Baquedano, presidente del IEP.Arturo Brandt, abogado de Poch Ambiental, recalca: "Chile, como exportador de materias primas, tiene como principales mercados a Europa y Estados Unidos, y esos consumidores están mirando el origen de los productos y cómo se fabrican".Los ecologistas también están apostando a contar el próximo año con mayor poder en el Senado, ya que hay tres diputados de la llamada "bancada verde" que van como candidatos a la Cámara Alta: Guido Girardi (PPD), Alejandro Navarro (PS) y Arturo Longton (RN). Ellos se sumarían a Antonio Horvath (RN)."Con su apoyo podemos lograr cambios en las normativas y avanzar en una institucionalidad ambiental más potente", enfatiza Baquedano.Batallas ganadasAunque Celco es la lucha más emblemática que han ganado los grupos ambientalistas, porque lograron paralizar una planta ya en funcionamiento, lo cierto es que tienen otras "medallas" en su trayectoria.A mediados de los noventa, apuntaron fuerte contra proyectos de inversión principalmente de empresas extranjeras. Uno de los casos más bullados fue el de la norteamericana Trillium, que buscaba explotar bosques de lenga y coigüe en Magallanes. Luego de siete años de batallas judiciales y de la presentación de varios estudios de impacto ambiental, la compañía se quedó sin recursos y cedió sus terrenos al banco de inversión Goldman Sachs, quien los donó al organismo de conservación Wildlife Conservation Society (WCS).También en el sector forestal, la oposición fue fuerte contra Cascada Chile, una iniciativa de la familia Zunino y la corporación estadounidense Boise Cascade, que contemplaba construir una planta de paneles, una planta de astillas y un terminal marítimo en Puerto Montt. Tras varios años de intentar superar la fuerte campaña montada por los "verdes" -que llevaron el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, el consorcio se desarticuló y en 2000 los Zunino decidieron no seguir adelante.Más reciente es la pelea con Alumysa. En 2001 la canadiense Noranda decidió reactivar su idea de invertir US$ 2.750 millones en una planta de aluminio, en la XI Región. Las empresas salmoneras que operaban en la zona y las organizaciones ecologistas formaron una alianza para frustrar su partida y en 2003 Noranda anunció que postergaba por dos años el proyecto. Hasta ahora no hay noticias de su reactivación.
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